La Diputada Nacional Silvina García Larraburu, se encuentra trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley marco, que establecerá las bases de una política permane
nte para el reconocimiento, promoción y desarrollo del conjunto de organizaciones de la Economía Social en la República Argentina. Este proyecto busca ser el resultado de un proceso colaborativo donde se encuentran participando diversas entidades de la economía social. Así es que por ejemplo, el “Espacio Para La Construcción De Una Ley Nacional De Economía Social Y Solidaria”, ha compartido en su foro online el anteproyecto de ley de Larraburu buscando que los actores directamente involucrados participen de la producción del marco regulatorio de su propia actividad, y que todos aquellos interesados vuelquen sus puntos de vista y enriquezcan esta propuesta.
La economía social, se basa en experiencias de trabajo autónomas dirigidas a la satisfacción directa o indirecta de las necesidades del grupo y su entorno, antes que a la acumulación y reproducción del capital. En este sector, participan las tradicionales cooperativas y mutuales, y una gran diversidad de sujetos surgidos en las últimas décadas, como ser: las organizaciones barriales, campesinas, territoriales, de los pueblos originarios, la agricultura familiar; empresas recuperadas, sistemas de crédito solidario, mercados populares y ferias de trueque, micro emprendimientos y unidades económicas domésticas, entre tantas otras. Siendo la intensión del futuro Proyecto de Ley, brindar un marco legal de alcance nacional, reconociendo a estos nuevos sujetos, con respeto de sus principios y formas de organización, e instituyendo las bases para su participación activa, en paridad con los sujetos tradicionales, respecto al diseño y ejecución de las políticas públicas para la economía social.
En este sentido, si bien se propone que sea la Autoridad de Aplicación, el actual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se prevé la ampliación del directorio del mismo, para recibir a los representantes de las otras organizaciones de la economía social, en paridad con las tradicionales mutuales y cooperativas. Cabe mencionar que el Anteproyecto de Ley, contempla la creación del Registro Nacional de Sujetos de la Economía Social y el Fondo Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Economía Social, con una partida específica dentro del Presupuesto Nacional. Con estas herramientas y recursos, será el INAES, en coordinación con las áreas del Estado que tengan competencia en la materia y con la participación de las asociaciones representativas, el encargado de elaborar el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social. Este programa, que contendrá la estrategia, los objetivos y las acciones políticas concretas, debe ser público y tendrá una periodicidad de tres años, dándole con esto una dinámica que acompañe los cambios del sector y de la economía en general. Se estipula, además que el INAES publicará un informe anual con los avances del programa, y debe presentarlo ante las comisiones competentes del Congreso Nacional.
En si mismo, el Proyecto de Ley establece los criterios fundamentales de las políticas públicas de alcance nacional para la promoción y el desarrollo de la economía social, fundando principios orientadores y reglas básicas para la interacción de los distintos órganos del Estado nacional con los sujetos concernidos y entre sí. Los principios orientadores de estas políticas se enuncian desde la perspectiva del reconocimiento del interés público que tiene la economía social para el Estado nacional. Desde allí debe entenderse la participación activa de los sujetos implicados, el respeto de sus valores y formas de organización, la integridad para la compresión de sus experiencias y el tratamiento transversal por las instituciones del Estado.
De tal forma, se han seleccionado las acciones imprescindibles que debe tener la estrategia del Estado nacional para el sector: remoción de obstáculos para el desarrollo de actividades; creación de órganos competentes en las distintas instancias del Estado nacional; promoción de sus valores mediante campaña de difusión y su incorporación en planes de estudio; capacitación de los sujetos; compromiso con las políticas de empleo; facilitación del acceso a la tecnología, creación de espacios para la comercialización, sistemas de financiamiento y regímenes impositivos especiales. Fijando, además, las bases de una política pública transversal mediante la promoción de la creación de órganos con incumbencia en la materia en los ministerios y organismos descentralizados que tengan vinculación con la economía social, y también de una política de coordinación de la autoridad de aplicación con las autoridades locales.
Para finalizar, La Diputada sostuvo: “El Proyecto de Ley, en el cual nos encontramos trabajando, estipula sólidos fundamentos institucionales para la promoción y desarrollo de la economía social: reconoce e incorpora a los nuevos actores para renovar las tradiciones administrativas y propone la creación de un programa periódico para el despliegue de políticas, con una intensa participación, amplia publicidad y adecuada financiación. De todas formas, nuestra intención es que los diferentes sujetos de la Economía Social, participen en la elaboración final del mismo, antes de su presentación. Por ello, solicitamos a todos los interesados, entablar contacto vía mail a: sgarcial@diputados.gov.ar"
PRENSA: DIP. NACIONAL SILVINA GARCIA LARRABURU
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